Antonio Escohotado

El Grupo de Estudios de Política Criminal, cuya alma mater fue José Luis Díez Ripollés, catedrático de derecho penal en la Universidad de Málaga, deparó a público y expertos magníficas publicaciones sobre temas tan delicados como la política vigente en materia de drogas (fue un hito la propuesta de reforma legislativa firmada por un centenar de jueces, fiscales y juristas en 1991) o alternativas a la regulación vigente en materia de eutanasia. Reconvertido en Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, y con la misma alma mater, este grupo de investigadores ofreció también un trabajo no menos interesante sobre el tratamiento de enfermos terminales en nuestro país: La atención a los enfermos terminales: una investigación multidisciplinar.

Es probable que nada aterre tanto como el morir prosaico llamado fallecimiento, que al vértigo metafísico de cesar o mutar añade achaques casi siempre dolorosos, e incluso humillantes. Sin embargo, sólo los avestruces prefieren hundir la cabeza en tierra cuando presienten el peligro, y si le echamos coraje al tema nos enteraremos de muchas cosas pertinentes, tanto para nosotros mismos como para nuestros seres queridos. Es notable, pongamos por caso, que quienes menos temen la defunción sean médicos con muchos años de experiencia. Y es no menos notable que entre enfermos y familiares suyos siga reinando una “conspiración del silencio”. De alguna manera, el paciente intuye lo que le pasa, mientras la familia lo sabe a ciencia cierta. Pero apenas uno de cada cinco médicos informa sobre su situación al moribundo, casi siempre debido a la presión en contrario de quienes le acompañan.

La divisa de la Ilustración, sapere aude –“atrévete a saber”- no funciona para esos pobres vivientes que acabamos volviendo a ser, tan inermes como el recién nacido aunque vaciados de su invisible fuerza. Quienes se han recobrado de comas más o menos profundos no recuerdan sufrimiento alguno, pero hace falta un espíritu excepcional para reclamar la escueta verdad cuando uno agoniza. Menos explicable es que casi nunca decida el enfermo dónde morir, y que los intereses de la corporación médica, o los familiares, tiendan casi siempre a que sea en algún hospital. De hecho, la investigación no encontró un solo supuesto en el que fuese preguntado sobre ese particular. Otros aspectos del fallecimiento son menos sombríos.

El empleo de morfina y otros opiáceos resulta muy frecuente (82,4%), y la decisión de no reanimar en caso de fallo cardiaco o respiratorio resulta habitual (72,5%) en situaciones irreversibles. A pesar de que las leyes vigentes siguen siendo polémicas –por no decir barbáricas- en lo que respecta a drogas admisibles, y más aún en materia de ayuda al suicidio, estos males se mitigan calladamente, enchufando o desenchufando un aparato, inyectando o no un fármaco. Díez Ripollés y sus colaboradores en el Instituto Andaluz de Criminología han tenido el coraje de tocar lo intocable, abriendo la puerta a aquella estancia que ninguno de nosotros evitará si no le toca en suerte una muerte súbita.

Por fortuna, cuando nos atrevemos a contemplar ese horizonte descubrimos que también allí hay denuedo y desprendimiento. Con investigaciones de este tipo Díez Ripollés y sus colaboradores llevan el derecho a la vida cotidiana, mostrando una atención ejemplar por la verdad y su libre examen. Dentro de semejante línea no puedo por menos de recomendar otras obras publicadas por el Instituto en la misma editorial. A saber: La actual política criminal sobre drogas: una perspectiva comparadaEl tratamiento jurídico de la eutanasia y Delincuencia y víctimas.

(Este artículo fue publicado por el diario www.elmundo.es)

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